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    Jorge
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    Gijón – 21 julio 2014 07:37

    Cuando fue a visitar su autocaravana para prepararla para el viaje que iba a emprender al día siguiente, Ángel Marino Coto se encontró con la ventanilla de ventilación del techo abierta y los parasoles puestos. Y al acercarse más descubrió que el vehículo se balanceaba. Había alguien en su interior. Inmediatamente alertó a la Policía, que no tardó en acudir. Cuando los agentes le pidieron que abriera la puerta, del habitáculo salieron cinco jóvenes, todos ellos de origen magrebí. Cuatro eran menores. El quinto acababa de cumplir la mayoría de edad. Según asegura Coto, algunos vestían prendas que él había dejado en un armario de la autocaravana. Y añade que las caras de los ‘okupas’ no les resultaban desconocidas a los policías: «Les dijeron, ‘¿otra vez vosotros?’». Ya con los jóvenes a disposición de los agentes, entró en el vehículo para encontrarse «una auténtica pocilga».

    Detalla que del inodoro rebosaban excrementos, que el suelo estaba repleto de basura e incluso botellas con orín, que de la ropa que guardaba en la autocaravana solamente quedaba un chándal «con quemaduras», que faltaban la emisora de radio y dos cajas de herramientas, que las latas de comida que guardaba en una despensa se sumaban, ya vacías, al resto de desperdicios que invadían toda la estancia. Y a ello suma numerosos destrozos: la puerta de acceso a la zona de estancia había sido forzada, fallaba el sistema de arranque, los visillos habían sido arrancados de las ventanas y tirados al suelo y todo el mobiliario había sufrido graves daños. «Uno de los cajones lo cogieron y lo partieron en cuatro trozos. Fue romper por romper», lamenta Ángel Marino. Y en el techo, además de varios paneles rotos, alguien había hecho dibujos quemando la superficie con un mechero. «El presupuesto para arreglarlo todo supera los 3.000 euros».

    Coto descubrió a los jóvenes en su autocaravana, que estaba estacionada frente al albergue, el 10 de junio, una semana después de que un conocido suyo, al que le había encargado comprobar su estado mientras él se encontraba de viaje en el extranjero, no apreciara ninguna situación extraña. Sospecha por ello que los ‘okupas’ pudieron estar allí «cuatro o cinco días». Tras ser descubiertos pasaron por comisaría, donde el afectado presentó la correspondiente denuncia. Hoy, un mes después, no sale de su asombro tras conocer que el fiscal de Menores ha decidido archivar la denuncia «por no existir indicios suficientes para atribuirles los hechos», algo que él relaciona con que los menores estén bajo la tutela de un centro de menores. «Está claro que la Administración no quiere cargar con las consecuencias», critica. Ahora queda a la espera de los pasos legales que pueda dar la aseguradora, que le ha informado de que «van a seguir adelante y denunciar de nuevo los hechos».

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